Siguen los cortes a los usuarios no abonados

La entrada en funcionamiento de la Ofimape ha logrado frenar la sangría de cortes de suministros a abonados, pero las familias en precario, conectadas de manera ilegal a la red de agua o electricidad, quedan fuera del amparo de la ley 24/2015, de manera que no pueden acogerse a las medidas de protección previstas.

Las entidades sociales llevan tiempo reclamando que se reconozcan los mismos derechos a todas los hogares víctimas de la pobreza energética, sea cuan sea su situación contractual. El Ayuntamiento lideró la reivindicación, a la que se han sumado otros municipios de que a todas las personas en riesgo de exclusión social se les reconozcan derechos básicos como el acceso a una vivienda digna,

En la ciudad, la administración ha abierto nuevas vías de regularización de los hogares en precario, con el objetivo de que las familias se hagan cargo del consumo en la medida de sus recursos. El objetivo es que pasen a tener un contrato con las suministradoras, algo que no siempre es posible por la situación de ilegalidad del precario.

El Ayuntamiento se ha sumado a la propuesta de convenio entre la Generalitat, los municipios y las empresas presentado la pasada semana en el Palau de la Generalitat. El acuerdo obliga a las compañías a pagar el 50% del coste de la pobreza energética.