En paralelo a la aprobación y puesta en marcha de la empresa pública del agua, el Ayuntamiento y Mina deben cerrar el expediente de reversión de bienes con la liquidación económica. En ella debe dilucidarse qué bienes vinculados al servicio pasan a manos municipales a coste cero y si será necesaria alguna indemnización.
Se trata del aspecto más polémico del final de la concesión y que todo apunta acabarán resolviéndose en los tribunales de justicia. De momento, la administración local anunció ayer que tendrá lista su propuesta de liquidación en noviembre y su intención es llevarla al pleno de ese mes para inmediatamente después remitirsela a la compañía Mina.
Antes de vacaciones, el Ayuntamiento remitió un requerimiento a Mina solicitando información clave para fijar el importe de la liquidación y espera respuesta a finales del mes de septiembre. La administración confía en que "fluya la información", pero por si acaso ya se cura en salud y prepara una nueva inspección en las instalaciones de Mina para el mes de octubre.
La distancia en el cálculo de la liquidación entre la compañía y el Ayuntamiento es abismal. Mina ha apuntado que la indemnización rondará los 60 millones de euros, mientras que el ejecutivo sitúa la liquidación "entre 0 y un máximo de 2 millones de euros".
ARA A PORTADA
Publicat el
04 de setembre de 2017 a
les 21:36
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