Josep Rull logra la libertad tras pagar la fianza en el Supremo

El magistrado Pablo Llarena, instructor del Tribunal Supremo en la causa especial abierta contra el exGovern de la Generalitat, decidió ayer dejar en libertad bajo fianza a Josep Rull, exconseller de Territori. El político terrassense salió a la calle junto a otros cinco exconsellers: Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Carles Mundó. Oriol Junqueras y Joaquim Forn, sin embargo, seguirán, de momento, en la cárcel, como Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, los líderes respectivos de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Llarena tomó declaración a los imputados el viernes, pero hasta ayer no hizo público el auto "resolviendo la situación personal" de los encausados. Había transcurrido más de un mes desde el encarcelamiento de los dirigentes independentistas, que entraron en prisión (Rull en la de Estremera, en Madrid) el 2 de noviembre, por orden de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. La causa pasó días atrás al Tribunal Supremo, que se ha hecho cargo de la instrucción de toda la causa por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación, y en círculos judiciales hacía un par de semanas que corría la convicción de que Pablo Llarena dejaría en libertad a varios exconsellers.

Reiteración delictiva
Los abogados de las defensas pidieron a Llarena la modificación de la medida cautelar de prisión provisional. El auto del magistrado, de veinticinco páginas, singulariza la decisión para cada procesado atendiendo a su diferente posibilidad de perseverar en el delito. O sea, al riesgo de reiteración delictiva, uno de los motivos en los que se basó la magistrada Carmen Lamela para resolver la prisión.

Llarena advierte que la probabilidad de reincidir en los delitos es igual en los investigados, pero los peligros que entrañan sus actuaciones sí son distintos según cada cual. La cautela a la hora de resolver la libertad depende de "cuanto más relevante e irreparable sea el resultado de la acción que se presagia". Y en el caso de Junqueras, Forn y los "Jordis", sus aportaciones al proceso de ruptura "están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella", dice el auto. Los tres eran miembros de un comité estratégico que, según el magistrado, desempeñaba una función definitoria "de cómo y cuándo llevar a término cada una de las actuaciones del proceso y, consecuentemente, de la violencia y los tumultos", elementos "que constituyen la esencia de los delitos de rebelión y sedición que se investigan".

En esos cuatro investigados, "el riesgo de reiteración delictiva refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad", señala la resolución judicial. La rebaja de la cautela, añade, no puede precipitarse bajo el argumento de que los investigados "hayan asumido su participación como candidatos en unos comicios democráticos".

Sí se rebaja esa cautela con Rull y los otros cinco exconsellers. Estos siguen imputados, pero el magistrado del Tribunal Supremo resuelve modificar "la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza" y sustituirla por "prisión eludible mediante prestación de fianza de 100.000 euros para cada uno de ellos". Los políticos ya libres, a la espera de juicio, deberán comparecer regularmente ante los tribunales, tienen prohibido salir de España y deberán entregar sus pasaportes. El incumplimiento de cualesquiera de esas obligaciones, "conllevaría su inmediato ingreso en prisión", avisa el auto del magistrado Llarena.

Según indicó la agencia EFE, el dinero de las fianzas fue aportado por la ANC y Òmnium, que hicieron uso de la llamada "caja de solidaridad" para pagar los depósitos, como ya hicieran con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Los exconsejeros aún en prisión y Sànchez y Cuixart no podrán participar en la campaña electoral que arrancó la pasada medianoche, en la que todos son candidatos salvo Cuixart.

La situación aún por concretar es la de Carles Puigdemont, expresidente, y la de los cuatro exconsellers que lo acompañan en Bruselas desde que esa parte del antiguo Govern decidiera marcharse a Bélgica. Entre ellos, el terrassense Lluís Puig. El grupo de exmandatarios lleva desde el 5 de noviembre en libertad vigilada, pendiente de que la Justicia belga resuelva la euroorden de entrega a España.