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Terrassa

Acusan a dos promotores de estafar 190.000 euros a un inversor inmobiliario

El hombre tenía dinero para invertir y ellos, dos promotores, se presentaron como solventes empresarios. Y lo convencieron para que pusiera dinero en tres construcciones, una de ellas en Terrassa. La otras, en Vilanova i la Geltrú y Sabadell. Ni uno solo de los edificios fue levantado. Eso relata la fiscal, que acusa a los promotores de un delito continuado de estafa. Reclama tres años y siete meses de prisión, multas de 3.600 euros y la restitución de lo perdido por la víctima: 190.000 euros más intereses.

Hace más de una década de aquello, de la estratagema que, según la Fiscalía, urdieron presuntamente los dos acusados "para aparentar un volumen de negocio inexistente" y llevar a cabo su plan. Uno era administrador único de una empresa inmobiliaria. El otro tenía la misma responsabilidad en una segunda sociedad. Así, contactaron con un hombre que disponía de dinero para inversiones.

Se presentaron ante él "como socios y empresarios de alta reputación y solvencia en el sector inmobiliario", señala el Ministerio Público, y lo persuadieron para que pusiese dinero en dos promociones a ejecutar en sendas fincas de Vilanova i la Geltrú y la calle de Prat de la Riba, en Terrassa.

En metálico
Le mostraron documentación sobre estudios económicos y de mercado, sobre los plazos de la obra desde la compra del terreno hasta el acabamiento, sobre el número de viviendas y locales, los costes, el precio de venta al público, las financiación, los beneficios finales. El 6 de noviembre del 2006 firmaron un contrato privado de préstamo y el inversor entregó en metálico a uno de los acusados 120.000 euros para los proyectos de Terrassa y de Vilanova i la Geltrú.

El vencimiento se fijó para el 30 de noviembre del 2008, cuando el inversor percibiría unos intereses del 15 por ciento anual, apunta la fiscal. Había un pacto escrito en cláusulas: en caso de disolución, el pagador podría adjudicarse la parte proporcional del terreno y de la edificación, y tendría derecho a elegir una vivienda construida si a la fecha del vencimiento no se hubiera liquidado el préstamo.

El 13 de agosto del 2007 las partes suscribieron un nuevo contrato de préstamo por 70.000 euros para una promoción de una sociedad en la que los dos procesados eran administradores. La finca estaba en Sabadell. Las condiciones para el vencimiento eran similares a las anteriores, pero con unos intereses del 20 por ciento. Los 70.000 euros fueron ingresados en una cuenta de los imputados, que no realizaron ninguna de las promociones ni devolvieron el capital más los intereses, concluye la fiscal.

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