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Terrassa

El conflicto del agua se desencalla con un acuerdo para el traspaso

El enredo mayúsculo en que estaba sumido el servicio de abastecimiento de agua en Terrassa parece camino de resolverse. El Ayuntamiento, que hace un par de años decidió asumir la gestión directa del servicio, y Mina, la empresa concesionaria hasta ahora, han llegado a un acuerdo. Sólo los conocedores de lo que se cocía entre bastidores no reaccionaron ayer con asombro cuando se hizo pública la entente, que, de momento, no invalida los caminos judiciales emprendidos pero sí suaviza la tensión. El Consistorio mantendrá los puestos de trabajo.

Los puestos de trabajo, pero también las condiciones laborales de la plantilla a sueldo de Mina que en breve pasará a formar parte del entramado empresarial municipal, pues el Ayuntamiento creó meses atrás la empresa pública, EPEL Terrassa Cicle de l’Aigua, que se hará cargo de la gestión directa del agua en la ciudad.

Ese punto, el del mantenimiento de los puestos laborales y las condiciones actuales, es uno de los más descollantes de un acuerdo del que ayer se felicitaron ambas partes después de un par de años en liza, a ratos áspera, con intercambio de acusaciones. Ambas partes difundieron sendos comunicados para informar del convenio.

El gobierno municipal habló del consenso entre la administración y Mina para traspasar el servicio a la nueva EPEL Terrassa Cicle de l’Aigua. El acuerdo "facilita la continuidad del servicio en las mejores condiciones y permite mantener las oficinas de atención al usuario en el local de la calle de la Societat". Aparte de la incertidumbre que había generado el cambio de poder a los consumidores en cuanto al abastecimiento y a los precios, una de las dudas estribaba en saber si los usuarios podrían seguir acudiendo a las oficinas de Mina en la calle de la Societat. Sí.

Según avanzó el Consistorio, éste se compromete "a analizar el uso de bienes y servicios de los que Mina dispone" y que puedan interesa a la EPEL al asumir la gestión. Por su parte, Mina "se compromete a rebajar el nivel de judicialización del expediente de aprobación del nuevo modelo de gestión pública". La sociedad colaborará de manera leal en el traspaso, indicó el Ayuntamiento.

Diálogo
Alfredo Vega, alcalde de Terrassa, proclive en los últimos meses a un entendimiento, dijo la semana pasada en una entrevista que esperaba lealtad de Mina en la transición al margen de los pleitos por resolver. Y alabó el trabajo realizado por la empresa. Ayer valoró "que se haya podido establecer un diálogo con Mina para acordar el traspaso del servicio a la entidad pública". El edil confía en que el pacto "abra una nueva etapa de relaciones que permita rebajar el nivel de judicialización del nuevo modelo".

Se sabía que pasar de una gestión a otra no iba ser un camino de rosas y los escollos materiales han formado parte sustancial de las negociaciones, a tenor de los primeros puntos hechos públicos. Según el gobierno local, ambas partes "están abordando las condiciones del contrato de alquiler de las aplicaciones informáticas de Mina". Los programas son necesarios "para una óptima gestión del servicio" y quien los tenía, los tiene y los usaba y usa, de momento, es la empresa concesionaria.

La continuación de la atención en las oficinas es otro de los ejes de la entente. El Ayuntamiento asumirá seguramente su alquiler, así como el de los almacenes e instalaciones. Esos aspectos, subrayó el Consistorio, facilitarán "la correcta e inmediata continuidad del servicio". Una transición suave. El contrato integral de bienes y sistemas está en ciernes. No ha sido perfilado, pero las partes implicadas estudian una duración de cinco años y evalúan su coste, el dinero a pagar por las arcas municipales.

El 10 por ciento del agua que se suministra en Terrassa procede de instalaciones, tales que pozos, de Mina. La firma pública, EPEL, comprará a la sociedad esos caudales de agua. El convenio facilita que la empresa pública no empiece de cero y contrate bienes y servicios a Mina en un régimen de colaboración análogo al de otras administraciones con firmas privadas. Al menos, durante los primeros años.

La EPEL trabaja "intensamente", según el Ayuntamiento, "para hacer efectivo el traspaso" y prepara los contratos "para dar continuidad a todos los suministros, obras y servicios necesarios para el funcionamiento" del abastecimiento.

Mina, Aigües de Terrassa, señaló que las dos partes han alcanzado un acuerdo "de colaboración público-privada" con aspectos relevantes "para la continuidad de la gestión" del agua "en las mejores condiciones y calidad".

Como el equipo de gobierno municipal, la empresa destacó la importancia de mantener los puestos de trabajo y las condiciones laborales de la plantilla. Mina pondrá a disposición de la EPEL "las aplicaciones informáticas necesarias", su caudal de agua, sus oficinas de atención y almacenes e instalaciones así como todo aquello imprescindible "para facilitar esta correcta e inmediata continuidad".

Ha habido apretón de manos, pero el pacto no está negro sobre blanco, según se infiere de los comunicados de las dos partes. Los acuerdos "se irán concretando con más detalle en las próximas semanas", según señaló Mina, en aras de eliminar obstáculos y teniendo en cuenta "los máximos niveles de calidad, eficiencia, eficacia y sostenibilidad social, medioambiental y económica".

Beneficio
El presidente de Mina, Marià Galí, expresó su satisfacción y agradeció al Ayuntamiento sus esfuerzos para conseguir el acuerdo, un consenso "que garantiza la continuidad del servicio" respetando las decisiones municipales. El Consistorio podrá contar "con el conocimiento y experiencia de más de 175 años de Mina al servicio de la gestión del agua en Terrassa".

La colaboración será beneficiosa para los ciudadanos, manifestó la sociedad. Los terrassenses, como recordó ayer Mina, se han mostrado satisfechos con la gestión del agua en la ciudad hasta ahora. La empresa se refirió también a los litigios abiertos en la vía contencioso-administrativa. El acuerdo, dijo ayer, "permitirá buscar las mejores soluciones para otras cuestiones jurídicas pendientes de resolver".

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