Los sindicatos critican el final del plan Prepara para desempleados 

El Plan Prepara, destinado a dar una ayuda a los parados de larga duración (457 euros mensuales durante seis meses), no será prorrogado. Al menos, hasta que los agentes sociales y las comunidades autónomas alcancen un acuerdo sobre un nuevo sistema de ayudas a los colectivos más vulnerables. Así lo anunció en el Congreso la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que argumentó dos factores.

Por un lado, el hecho de que la tasa de paro se haya situado por debajo del 18% en términos EPA, que era el umbral que se decidió en su día. Por otro, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que establece que son las comunidades autónomas y no la Administración central quienes deben gestionar esos recursos.

Estos dos factores son los que explican, según Báñez, que la vigencia del Plan Prepara haya expirado el pasado 15 de agosto sin que se vaya a renovar hasta que se diseñe un nuevo sistema. Y en este sentido, Báñez anunció que ya ha remitido a las CCAA un borrador de acuerdo y un anteproyecto de real decreto-ley que entraría en vigor cuando se apruebe su contenido en el marco de la Conferencia sectorial de Empleo, donde están representadas todas las CCAA. Hasta ese momento, no se aprobará la prórroga.

Este anuncio ha conllevado inmediatamente las críticas de los sindicatos UGT y CCOO. "En un momento en que se corrigen al alza los datos del crecimiento económico, hasta llegar al 3,1% en el Estado, se hace difícil de entender que se le retire el estatus de excepcionalidad a la situación del mercado de trabajo, cuando todavía hay 2,8 millones de personas desocupadas desprotegidas, y se anule con un subterfugio estadístico una medida que ha beneficiado a cerca de 900.000 personas en el Estado y 90.000 en Catalunya", sostiene Ricard Bellera, secretario de Treball i Economia de CCOO de Catalunya.

Sin duda, según CCOO, la extinción del Prepara tiene que ver también con el anuncio por parte del Tribunal Constitucional que la gestión de ayudas económicas a parados que hayan agotado la prestación de desempleo corresponde, por distribución de competencias, a las comunidades autónomas. "Aún así es la obligación del Gobierno garantizar que las prestaciones sociales sean suficientes, tal y como establece el artículo 41 de la Constitución. Los 497.000 parados en Catalunya de los cuales 260.000 son de larga duración, y 190.000 de muy larga duración, necesitan los recursos y los instrumentos necesarios para facilitar, mediante la formación y el asesoramiento, su acceso o retorno al mercado de trabajo", remarca Bellera.

En cualquier caso, Báñez mostró su convencimiento de que se logrará encontrar puntos de encuentro para mejorar en los próximos meses el sistema de protección por desempleo.

Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), hay 2,84 millones de trabajadores en paro que carecen de protección, mientras que solamente 1,06 millones perciben algún tipo de prestación por desempleo, un 27,3% del total. Si se observa qué sucede en los hogares, hay 588.989 hogares en los que hay, por lo menos, una persona parada que no percibe prestaciones y carece de ingresos, o el único ingreso que tiene es de un trabajo a tiempo parcial. En ellos, hay 231.256 personas menores de 16 años.