La Cecot critica el decreto que facilita el traslado de sedes

La Cecot ha reprochado al ministro de Economía, Luis de Guindos, el decreto del Gobierno que facilita el traslado de la sede social de las empresas. El presidente de la patronal egarense, Antoni Abad, ha enviado una carta al ministro en la que expresa sus quejas al considerar que este decreto va en contra de los accionistas de las empresas y, además, favorece a las grandes compañías y perjudica las pymes, cuando estas últimas son el 98% del tejido empresarial en Catalunya.

Abad reclama al ministro que analice sus quejas y enmiende el Real Decreto que facilita el traslado de las sedes empresariales. Para Cecot, la regulación que ha hecho el gobierno central de estos cambios "es contraria a la tradicional prevención del legislador" sobre los cambios de domicilio, una prevención que obedece, según la patronal, a prevenir la manipulación de la competencia territorial de los juzgados y tribunales en perjuicio de los socios y accionistas y de los acreedores.

Además, según Cecot, facilitar el cambio de domicilio tal como se ha hecho "lesiona los derechos de socios y accionistas, que son los propietarios de la sociedad". Cecot recuerda que la junta de accionistas es el órgano supremo de gobierno de las sociedades, y los administradores quedan sometidos al control de la junta. Pero con el decreto estos administradores pueden decidir el traslado de la sede en contra de los accionistas, que son los dueños de la empresa, y, incluso, el retorno de la sede ya no lo pueden decidir los socios, sino que lo han de proponer los administradores.

El momento político
"Desde Cecot vemos en los argumentos que apoyan esta reforma exprés una voluntad más condicionada por el momento político actual que para reforzar el papel de los administradores en detrimento de los accionistas", dice en su carta Antoni Abad. "Sólo podemos volver a lamentar que se vuelve a promover un cambio legislativo desde el gobierno español que responde a resolver los problemas de algunas grandes empresas y que impacta negativamente sobre la mayoría empresarial, las pymes".

"Hablamos de más de un millón de sociedades mercantiles españolas que repentinamente han visto como sus acuerdos estatutarios fundacionales han quedado anulados -dice la carta- y para restituir estos pactos fundacionales tendrán que volver a modificar sus estatutos con los consiguientes costes adicionales de adaptación". Destaca que es una práctica legislativa fraudulenta disimular que la verdadera motivación es que se quiere promover y facilitar la salida de las sedes sociales de Catalunya sin que los socios lo puedan impedir", y añade que si se dijera explícitamente "sería evidenciar que es una norma contraria al principio de igualdad".