Las pymes amplían la denuncia contra el nuevo peaje eléctrico

Las organizaciones empresariales AEPCRO-Associació d'Empreses i Propietaris de Can Roqueta, Cecot, CEDAC-Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, Centre Metal·lúrgic, Confederació Catalana de la Fusta, Federació Empresarial del Metall, Gremi de Tallers de Reparació i Venda d'Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, l'Institut Industrial Tèxtil, RETAILcat-Unió d'empreses del Retail a Catalunya y la Unió Empresarial Metal·lúgica, interpusieron en noviembre de 2017 de forma conjunta una denuncia por ayudas de Estado, a instancias europeas, en relación a la actuación del Gobierno de España en la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas.

Las entidades han pedido ahora incorporar a la investigación por la causa la denuncia que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) interpuso al Gobierno español ante el Tribunal Supremo por vulneración de competencias en la fijación de los precios de peaje a finales de 2017. Asimismo, también se han contemplado los informes desfavorables de la CNMC a las sucesivas modificaciones de tarifas del Gobierno, por falta de justificación técnica y de seguimiento de la metodología establecida para determinar la estructura de los peajes eléctricos. Las entidades denunciantes son asociaciones empresariales que aglutinan y representan los intereses de más de 50.000 empresas, de las cuales 500 son industrias usuarias de los servicios de electricidad afectados por la medida que impugna la misma denuncia, de los sectores textil, metal, químico, madera y distribución. En dichas empresas el consumo energético y, en especial, el de electricidad tienen una importancia estratégica ya que supone una parte relevante de los costes industriales y por tanto de los gastos.

Agravio comparativo
Desde hace años existe una discriminación territorial en cuanto a los costes de electricidad que las empresas españolas deben soportar en su actividad industrial, debido fundamentalmente a la estructura tarifaria de los peajes de acceso a la red eléctrica. Esta es una discriminación que el sector empresarial ya ha denunciado reiteradamente sin que, hasta el momento, se haya implementado ninguna medida correctora por parte de los distintos Gobiernos;. Es más, no sólo no se ha procurado corregir esta desigualdad sino que ahora se pretende una nueva reforma que, lejos de igualar las condiciones en que las empresas tienen de competir, agrava aún más esa desigualdad existente. De las 4.450 empresas que no pueden beneficiarse de la tarifa 6.2, hay 3.277 en Catalunya, y el resto en Aragón y Extremadura.