Cortesía

El alcalde tiene razón, la Delegación del Gobierno fue extremadamente descortés con Terrassa tras el episodio del vendaval en diciembre de 2014 que costó la vida de dos personas en la ciudad que provocó destrozos de todo tipo tanto dentro como fuera de la ciudad, si es que realmente debemos emplear el concepto de cortesía institucional en lo que debe ser la reacción de la delegación del Gobierno cuando una ciudad se ve afectada por un desastre natural como el sufrido por Terrassa aquel día. La Delegada del gobierno no sabe si se necesitaba su ayuda puesto que ni siquiera se interesó por conocer lo ocurrido en la ciudad y si era necesaria la ayuda del Estado.

El alcalde se ha mostrado en privado muy dolido por aquella circunstancia y no ha dudado en desahogarse ahora, ante la rápida reacción de la Delegación del Gobierno ante el asunto de la presencia, o mejor, la no presencia de los símbolos monárquicos en la sala de plenos del Ayuntamiento. La respuesta a la decisión tomada por el pleno ha sido inmediata y se activado el protocolo habitual: requerir al Ayuntamiento para que el pleno recupere la simbología que la ley exige. Es el primer paso para luego incoar un procedimiento contencioso-administrativo en caso de que se haga caso omiso. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero se la tenía guardada a doña María Llanos de Luna. La cuestión, no obstante, está en ver qué va a hacer el Ayuntamiento ante el requerimiento para que el rey vuelva al salón de sesiones. La referencia a la legislación vigente ha sido el refugio del equipo de gobierno municipal ante otras mociones, pero en este caso no ha sido así.

Lo legal

La síndica de greuges de Terrassa intentará que no vuelva a pasar lo que ocurrió en el aparcamiento de Parc Vallès. Un conductor incívico aparcó en zona de minusválidos, la policía municipal lo denunció y los tribunales dieron la razón al conductor porque todo y que había cometido una infracción, la policía no tiene jurisdicción en un parking privado de uso público. Este es un ejemplo claro para establecer la diferencia entre lo legal y lo justo, conceptos que no siempre son confluyentes.