La Casa del Poble, la histórica sede local de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) situada en la calle de Cremat, se ha degradado a lo largo de los últimos años a marcha forzada. En 1998, las Brigadas de Obras del Ayuntamiento de Terrassa tuvieron que actuar tras un desprendimiento en un balcón que daba a la calle de Cremat. A finales del año 1999 fue necesaria una segunda intervención para hacerse cargo de la fachada, ya que la amenaza de nuevos derrumbamientos era constante y hubiese podido afectar a algún peatón. Las obras incluyeron el rebozado, la sustitución del tejado y el apuntalamiento del inmueble.
En el siglo XXI, los problemas han continuado. En 2004, se desplomó la cobertura de una de las dependencias del inmueble, un derrumbe que se detectó cuando unos técnicos contratados por el Ayuntamiento de Terrassa llevaban a cabo una desartización química para acabar con una plaga de ratas con origen en la casa. Poco después, el Consistorio realizó una reparación de emergencia para estabilizar el edificio pero la casa siguió deteriorándose y en agosto de 2014 se derrumbó una parte del tejado del edificio del patio trasero, situado entre la casa y el antiguo teatro de la fraternidad, que fue derruido en 1956 y que ahora acoge las sedes locales de los sindicatos UGT y CCOO.
Poco antes de este último derrumbe, a principios de 2014, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, actual titular del inmueble, envió a un arquitecto para evaluar su estado ya que según ERC, el Ministerio preparaba un proyecto para su derribo. El Ayuntamiento de Terrassa envió también a sus técnicos municipales, que con sus informes concluyeron que la Casa del Poble no estaba para caerse. Ahora, con el dinero que se habría destinado a hacer desaparecer el edificio si el proyecto de derribo hubiera salido adelante, el Ministerio ha realizado trabajos de refuerzo de la fachada.
Incautada en 1939
La delegación terrassense de ERC, que no ha podido arreglar nunca la casa ya que al no ser su titular no puede pedir la licencia de obras mayores, lucha desde hace muchos años para que le devuelvan la titularidad de la Casa del Poble, que entre 1903 y 1939 fue propiedad de Fraternitat Republicana, una sociedad formada a principios del siglo XX a partir de diversas facciones republicanas, que con la creación de ERC se añadió a la nueva formación. En 1939, terminada la Guerra Civil, la casa fue incautada y pasó a formar parte del patrimonio español por el derecho de conquista. Fue la Falange Española y de la Jons quién se quedó con el edificio, que más tarde pasó a manos del Sindicato Vertical (ambas entidades lo usaron como sede durante el franquismo) y luego a las del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, propietario actual del inmueble.
“El Ministerio no reconoce ningún tipo de interlocución con nosotros aunque somos los propietarios legítimos. Sí reconoce interlocución con el Ayuntamiento, por lo que estamos en contacto con el Consistorio, que siempre nos ha reconocido como legítimos propietarios”, destaca el presidente de ERC en Terrassa, Carles Caballero. El también concejal explica que su partido político recuperó el edificio en 1978, cuando sus dirigentes locales forzaron la puerta. Desde entonces, la formación tiene las llaves de la casa, que utilizó algunos años como sede hasta que en 1996 tuvo que abandonarla por su mal estado y ahora la usa como almacén.
A finales del año 1998, el gobierno de Jose María Aznar aprobó una ley de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939. Algunos meses después, la delegación local de ERC presentó una reclamación vía administrativa para que le devolvieran la titularidad de la Casa del Poble en base a esta ley. “La respuesta del Ministerio decía que la casa cumplía todos los requisitos para ser devuelto menos el de demostrar que había habido actividad política en ella”, explica Caballero.
Nueva ley
Pasaron los años y en diciembre de 2007, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una ley que modificaba la de 1998 y no pedía que se demostrara que había habido actividad política. En 2009, la delegación local de Esquerra volvió a presentar una reclamación por vía administrativa pero no obtuvo respuesta. Poco después, el ejecutivo socialista introdujo una enmienda en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 que especificaba la suspensión de la ley de 2007 durante cinco años. El 31 de diciembre de 2015 debía finalizar esta suspensión pero en julio, el gobierno de Mariano Rajoy decidió ampliarla sin fijar una fecha concreta y detallando únicamente que los procedimientos se mantendrán congelados hasta que mejore la situación económica y el Estado pueda hacer frente a esas reclamaciones “sin menoscabo de la financiación de otras actuaciones públicas prioritarias”. Aun así, ERC continuará luchando para que le devuelvan la Casa del Poble, que según el presidente de la formación en Terrassa, Carles Caballero, “cumple todos los requisitos de la ley de 2007 para ser devuelta”.
Los republicanos consideran, además, que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales debe hacerse cargo de su reforma y dejarla “en perfecto estado de revista”. Caballero asegura que “exigiremos una indemnización por el estado en que se encuentra el inmueble y también por la Casa del Poble de Sant Pere”, otro local terrassense que era de Esquerra y que el Estado derribó para posteriormente vender el terreno.
