Una convulsa travesía

Diciembre de 2013. El Ayuntamiento saca a concurso público la explotación de la red de autobuses urbanos durante un periodo de diez años (prorrogable cinco más) por valor de 191,4 millones. Para hacerlo, el equipo de gobierno decidió cambiar el sistema de gestión, pasando del actual modelo mixto a encargar el servicio a una empresa externa a través de una concesión. Se presentan tres grandes grupos: Moventis, Avanza y Alsa.

Mayo de 2014. El contrato se adjudica a la UTE Sarbus y TCC, del holding catalán Moventis, por valor de 11,2 millones de euros anuales, un 12,3% menos que las previsiones del Ejecutivo local (12,7 millones).

Junio de 2014. Después de varias alegaciones ante el Ayuntamiento, la empresa CTSA, del grupo Avanza (principal accionista de Tmesa), y el comité de Tmesa presentan un recurso ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra la adjudicación del contrato a Moventis. Alegan motivos técnicos, económicos y también formales para impugnar la adjudicación del Consistorio.

Septiembre de 2014. El tribunal admite parcialmente las alegaciones de Avanza, declara nula la adjudicación y obliga al Ayuntamiento a motivar mejor la puntuación dada a las ofertas técnicas presentadas por las distintas empresas.

Noviembre de 2014. El bipartito redacta un nuevo informe técnico y vuelve a adjudicar el servicio a Moventis. Ese mismo mes, Avanza vuelve a presentar un recurso ante el mismo tribunal.

Enero de 2015. El tribunal, de nuevo, acepta las tesis de Avanza y anula por segunda vez la adjudicación a Moventis. Ante esta situación, el Ayuntamiento decide parar y contratar un asesor externo para que analice todo el proceso.

Abril de 2015. El informe, redactado por la Universidad de Zaragoza, resuelve que el concurso es nulo de pleno derecho porque ignora un reglamento europeo. El equipo de gobierno frena el concurso para cumplir con la norma.

Octubre de 2015. El bipartito anuncia en el Diario Oficial de la UE la intención de licitar la gestión del autobús, cumpliendo así lo que marcan las leyes. Hasta que se cumpla un año de este anuncio no puede volver a abrir el concurso.