El escrito de acusación en este proceso señala que los cuatro acusados cometieron un delito contra la salud pública (relativo al tráfico de drogas) y otro de asociación ilícita. El Ministerio Fiscal reclama al tribunal, de la sección 21 de la Audiencia Provincial, que cada acusado sea condenado a cuatro años de prisión por el primer delito y que a dos de ellos, el presidente y la tesorera de la asociación, se les imponga también una pena de tres años por el segundo, por la supuesta asociación ilícita. El castigo para los dos restantes, los considerados "miembros activos" del grupo, debe incluir, además de la pena de cuatro años por el tráfico de drogas, dos más por la referida asociación, según manifiesta la Fiscalía. La petición de penas comprende asimismo multas cuantiosas: el Ministerio Público reclama que cada procesado pague 200.000 euros de multa por el tráfico de estupefacientes más 8.100 por el otro delito. La acusación solicita que el tribunal disuelva legalmente la asociación cannábica y cancele su inscripción en el registro de la Generalitat. La Audiencia Provincial ha señalado, en principio, dos días para el juicio, en el que están llamados a declarar varios policías y cinco testigos, amén de peritos del Instituto Nacional de Toxicología. A este juicio seguirán, en los próximos meses, algunos más de índole semejante, con los responsables de asociaciones cannábicas sentados en el banquillo. Al menos, uno más antes de que acabe el año. Es la consecuencia judicial a la sucesión de operativos policiales emprendidos por la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Policía Municipal en los últimos años, sobre todo en los últimos dos. El colofón judicial a una cruzada sostenida contra clubes cannábicos.
ARA A PORTADA
Publicat el 16 de setembre de 2016 a les 20:02
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