Terrassa en Comú (TeC) ha puesto sobre la mesa un posible caso de incompatibilidad del teniente de alcalde de Desarrollo Económico, Industria y Ocupación, Miquel Sàmper, del PDeCAT (antigua CiU). La formación denuncia que el concejal ofrece desde su propio despacho de abogados atender casos de afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas; un servicio de asesoramiento que el Ayuntamiento también está encargado de ofrecer desde que en enero se aprobase una moción sobre este asunto.
TeC basa su denuncia en un anuncio del despacho de abogados "Sàmper-Riba & Associats", publicado en este rotativo el 14 de febrero, en el que se ofrecía asesoramiento en el ámbito de las cláusulas hipotecarias abusivas y, específicamente, sobre las cláusulas suelo. Una de las personas que aparece en la fotografía del equipo de letrados que ilustra el anuncio es Miquel Sàmper.
La formación señala que hubo un acuerdo de pleno en septiembre de 2015 para autorizar a Sàmper a compatibilizar su dedicación exclusiva como concejal de gobierno con una dedicación "eventual y ocasional" como abogado, considerando que son "actuaciones que no inciden ni representan ningún tipo de incompatibilidad con el desarrollo de sus cargos públicos". Sin embargo, TeC, sí cree que el edil soberanista ha incurrido en incompatibilidad.
La formación recuerda que en enero, el Ayuntamiento se comprometió a ofrecer un servicio de información y asesoramiento en el ámbito de las cláusulas abusivas de las hipotecas y que, además, la oficina municipal de Consumo, servicio del que Sàmper es el máximo responsable, impulsaría un encuentro con los directores de bancos y cajas de la ciudad para instarles a devolver a los afectados el dinero cobrado en virtud de estas cláusulas.
"Grave y reprobable"
TeC subraya que "el responsable de crear una oficina pública de asesoramiento gratuito a los afectados por las cláusulas abusivas está anunciando su propio despacho profesional para ofrecer el mismo servicio, pero con carácter privado". Consideran que es un "hecho muy grave y reprobable desde un punto de vista ético, que no debería ser admisible". Además, estiman que "hay indicios de que pueda considerarse un hecho ilegal ya que existe un clarísimo conflicto de intereses" entre la responsabilidad de Sàmper como concejal y sus intereses privados como socio de un despacho de abogados.
El grupo ha solicitado un informe al secretario municipal para que determine si este hecho incurre en un supuesto de incompatibilidad y por tanto, de ilegalidad.
ARA A PORTADA
Publicat el 17 de febrer de 2017 a les 20:46
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