Los transportistas que operan en Francia deben pagar el salario mínimo galo

El Gremi de Transports i Logística de Catalunya, con sede en Cecot, ha entregado los certificados de aprovechamiento del curso de capacitación profesional para el transporte interior e internacional de mercancías. Durante el acto, se comentaron los efectos sobre el sector que comporta la conocida como Ley Macron en Francia. La promoción de este año está formada por veinte profesionales, que han sido capacitados para ejercer la actividad de transporte público.

Jesús Fluriach, vicepresidente de este gremio, y Joaquim Gil, asesor de transporte de la Cecot, fueron los responsables de la entrega de los diplomas. En su intervención, Fluriach alentó a los alumnos a continuar formándose y a estar conectados, ya que la actividad está sufriendo cambios tecnológicos a gran velocidad con los que hay que estar familiarizado, ya que, en muchas ocasiones "el cliente impone nuevas formas de funcionar a adoptar con rapidez".

Uno de los cambios normativos que se ha producido recientemente, y que comentó Gil durante la sesión, es la entrada en vigor de la Ley del salario mínimo francés, conocida como Ley Macron, que afecta a los trabajadores desplazados a territorio galo pertenecientes a empresas establecidas en otro estado miembro.

Amplia afectación
En el caso del transporte, la Ley Macron se aplica tanto para el transporte de cabotaje en Francia (transporte interno), como los transportes internacionales con origen o destino en Francia, aunque la empresa cargadora o cliente del transportista no esté establecida en el país galo. En este sentido, y desde el pasado 22 de julio, el transportista deberá acreditar documentalmente cuál es su salario, que no podrá ser inferior al francés, así como su contrato de trabajo.

La entrada en vigor de esta Ley también implica que la empresa transportista designe un representante legal en Francia, que será quien actúe en representación de la empresa ante las autoridades de control.

Desde el Gremi de Transports i Logística de Catalunya se ha puesto en marcha, según se indica en una nota, un servicio que facilita a los agremiados afectados por esta nueva normativa su desarrollo. Esta entidad está asociada a la patronal terrassense Cecot y consta de 250 asociados.