Nuevos requisitos legales a las empresas como Uber y Cabify

El Consejo de Ministros aprobó ayer por Real Decreto los nuevos requisitos y medidas que Ministerio de Fomento ha impuesto a las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify. Con estas nuevas medidas, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera injustificadas, Fomento pretende facilitar la convivencia de este sector con el del taxi. El gremio de taxistas ha llevado a cabo a lo largo de este año distintas movilizaciones en protesta por la competencia desleal que, a su juicio, representan los VTC.

A ello se suma el hecho de que este sector recibirá próximamente miles de nuevas licencias por vía judicial, gracias a un vacío legal registrado entre los años 2009 y 2015, que sobrepasarán aún en mayor cuantía que en la actualidad el ratio establecido en la ley de dar una licencia de VTC por cada treinta de taxi. En este contexto, y para facilitar la coexistencia de ambos modos de transporte urbano, las nuevas medidas impedirán a los titulares de licencias VTC venderlas en los dos años siguientes a su consecución para evitar que se especule y se generen "burbujas" con estos títulos. Asimismo, las empresas como Uber o Cabify deberán inscribir todos los servicios que realicen en un registro público para garantizar que se efectúan conforme a la ley, esto es, con un contrato previo y sin superar la cota de transporte fuera de la región en la que tienen autorización. Además, el Real Decreto "impondrá" que los vehículos a adscribir a nuevas autorizaciones VTC obtenidas mediante sentencia judicial cumplan los requisitos vigentes en este momento, con independencia de los que estuvieran vigentes en el momento en que se realizó la solicitud original de la autorización, "con el fin de garantizar una calidad en la prestación de estos servicios".

Insuficientes
La patronal de taxistas Fedetaxi manifestó en un comunicado su satisfacción por la aprobación de estas medidas que, aunque estima insuficientes, considera que "contribuirán a evitar el desmantelamiento del sector que suponen los privilegios que se están atribuyendo empresas como Uber y Cabify". "Suponen un paso más en la dirección correcta", asegura la asociación, que recuerda que se suma a la reciente sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la UE, si bien este fallo se refería a un servicio de Uber que actualmente ya no opera. "Ahora quedamos a la espera de actuaciones de similar compromiso por parte de los ayuntamientos, como los de Madrid y Barcelona, para que se despejen las incertidumbres sobre el futuro de 10 mil familias que viven del taxi".