Urgen al Govern a actuar contra la pobreza energética

El articulado de la ley 24/2015 que hace referencia a las medidas para luchar contra la pobreza energética no ha sido impugnado por el PP. Sigue vigente, pero apenas se ha desarrollado.

La reciente moción aprobada en el pleno presiona al Govern para que acelere la aplicación de esos artículos. Concretamente, insta a la Generalitat a firmar "de manera inmediata" los convenios con las compañías de distribución eléctrica y las suministradoras de agua para que constituyan el fondo que debe ayudar a cubrir los impagos de facturas de las familias más necesitadas. "Mientras no hay convenio, somos las administraciones públicas quienes estamos pagando a las empresas para que las familias no sufran cortes", denuncia Melgares.

La oficina municipal contra la pobreza energética ha abierto 250 expedientes a familias que no pueden hacer frente a los servicios básicos. Con ellas se buscan soluciones como contratar el bono social, gestionar ayudas públicas o modificar la potencia contratada.

El Ayuntamiento en pleno también le pidió a la Generalitat que inspecciones de oficio las empresas suministradoras por los incumplimientos de la ley 24/2015. "Las administraciones no siempre tenemos todos los datos, y los necesitamos. Tenemos que saber si hay cortes ocultos de familias amparadas por la ley que no llegamos a detectar", explica Melgares.

Más ayudas al alquiler
En el ámbito de la vivienda no todo está supendido por el TC ni todas las políticas aplicables dependen de esa norma. Los concejales, recogiendo las peticiones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, reclamaron al Govern que aumente la partida presupuestaria destinada a políticas públicas de vivienda y que abra "urgentemente" la convocatoria de nuevas ayudas para el pago del alquiler y que ésta permanezca abierta permanentemente para cubrir los casos que se van incorporando a lo largo del año.

Para contar con pisos a precisos asequibles, las entidades sociales piden que se agilice la puesta a disposición de las viviendas que la Agència Catatalan de l'Habitatge ha obtenido fruto de los convenios con los bancos. Reclaman que los municipios regulen la asignación de estos pisos o bien que se haga a través de la Taula d'Emergència de la Generalitat.