El fiscal pide la expulsión de un acusado de traficar con drogas

Recibió veinte euros a cambio de una papelina de cocaína y unos policías municipales observaron la escena. Eso narra el fiscal, que acusa al vendedor, detenido en junio del 2014, de un delito contra la salud pública, de tráfico de drogas, y reclama para él la expulsión de territorio nacional. En concreto, pide una pena de seis años de prisión a sustituir en parte por esa expulsión.

Los hechos ocurrieron el 9 de junio del 2014, por la mañana, en el sector de Les Arenes-La Grípia-Can Montllor. El acusado, de origen dominicano, estaba en un coche parado en la calle del Vendrell. Agentes de la Policía Municipal se encontraban en las inmediaciones y no perdieron ojo.

Según explica el Ministerio Fiscal, el procesado, dentro del vehículo, vendió a otro individuo un envoltorio y el comprador le dio veinte euros. "La transacción fue observada por agentes de la policía local de Terrassa", indica el fiscal. Y añade que la papelina contenía 0,68 gramos netos de cocaína con una riqueza del 32 por ciento.

Salud pública
La acusación pública considera los hechos constituvos de un delito contra la salud pública "relativo a sustancias que causan grave daño a la salud" y asegura que por ello procede imponer al procesado seis años de prisión y multa de 60 euros. Eso sí, la Fiscalía reclama que se acuerde "la sustitución parcial de la pena de prisión por expulsión del territorio español". Solicita que el acusado cumpla la privación de libertad "hasta el límite de las 2/3 partes" y el resto le sea sustituido por la expulsión, "con una prohibición de regresar por un plazo de seis años". En todo caso, procede echarlo del país si antes del cumplimiento de la parte de la pena referida, el reo "es clasificado en tercer grado o accede a la libertad condicional".

El caso, tramitado por el juzgado de instrucción número 4 de Terrassa, será juzgado el próximo martes en la sección octava de la Audiencia Provincial de Barcelona. El Ministerio Público ha llamado a declarar en el juicio a agentes municipales como testigos y a mossos de la unidad de laboratorio químico para que ratifiquen o amplíen el informe pericial sobre la sustancia decomisada aquel 9 de junio.