En Madrid, el Grupo Popular maneja un borrador de proposición de ley de haciendas locales, en base a la propuesta del Ministerio de Hacienda, que llevará al Congreso para su aprobación. Las negociaciones empiezan este mismo mes de febrero.
El documento, según adelanta el diario Expansión, propone la devolución de la plusvalía a todos aquellos contribuyentes que vendieron sus inmuebles antes del 15 de junio de 2017 por un precio inferior al que lo compraron y a pesar de ello tributaron. Éstos podrían reclamar la devolución a sus ayuntamientos.
La propuesta de reforma modifica también el cálcullo cuando el propietario gana con la venta. Propone aplicar nuevos coeficientes en función de los años transcurridos desde la compra del inmueble. Así, se empezaría aplicando un 0.09 si ha pasado menos de un año de la adquisición en el momento en que culmina la venta, hasta un 0,60 cuando hayan transcurrido 20 años o más.
El borrador del PP da tres meses a los ayuntamientos para adaptarse a la nueva regulación.
De momento, los de Madrid y Barcelona ya han mostrado su oposición al borrador de la nueva ley, al considerarla gravosa para las arcas municipales. El propio ministerio de Hacienda ha calculado cómo repercutiría en las cuentas de las dos capitales la aplicación de la reforma . Madrid dejaría de ingresar 121 millones de euros y Barcelona 37 millones.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha apremiado al Gobierno central a reformar la plusvalía y articular mecanismos de compensación a los municipios. Éstos alertan de que una reducción sustancial en los ingresos por plusvalías desequilibrará sus cuentas en un momento especialmente delicado para las haciendas locales. El ministro Cristóbal Montoro sigue sin concretar la esperada flexibilización de la regla del gasto que oprime las arcas de llos ayuntamientos, incluso las de los que cierran ejercicios con superávit, como el caso de Terrassa.
Mientras la reforma de la Ley de Haciendas Locales inicia su trámite en el Congreso, la jueza del contencioso número 2 de Barcelona no ha querido esperar. La Diputación de Barceona le pidió que suspendiera el impuesto hasta que hubiera nueva regulación, pero la magistrada ha optado por darle la razón al contribuyente y anular la plusvalía.
La juez recuerda que la suspensión que le pide la Diputació de Barcelona no está prevista ni en la Ley de la Jurisdicción Contencioso -Administrativa ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tampoco cree que competa a los tribunales de Justicia fijar los criterios de valoración de los terrenos o los inmuebles.
ARA A PORTADA
Publicat el 08 de febrer de 2018 a les 21:06
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