La comisión municipal de Territorio y Sostenibilidad aprobó ayer elevar al pleno de marzo la aprobación definitiva del cambio de modelo en la gestión del agua en Terrassa, que dejará a atrás la concesión privada a Mina para apostar por la gestión pública a través de una entidad pública empresarial Local (EPEL). Terrassa será así una de las primeras grandes ciudades del Estado español que remunicipaliza la gestión del servicio de abastecimiento del agua.
El pleno votará la aprobación definitiva del cambio de modelo, el reglamento del servicio municipal y los estatutos de la nueva empresa pública, que entrará en servicio antes de finalizar el año. Para ello, el Ayuntamiento propone una nueva "y última" prórroga a Mina, que prolongará séis meses más su gestión, hasta el día 9 de diciembre de 2018. La concesionaria finalizó su contrato con la administración local en diciembre de 2016 y desde entonces ha continuado al frente del servicio del agua en la ciudad en régimen de prórroga. La última concluye el 9 de junio y ahora el gobierno propone un nuevo aplazamiento.
Durante los próximos meses la administración procederá a la creación de la EPEL, la adecuación de los locales de la nueva empresa, la instalación de los sistemas de información y comunicación, así como a la contratación de los servicios necesarios para gestionar el servicio y la subrrogación de la plantilla de Mina. En comisión informativa, ayer el gobierno explicó que el retraso en la entrada en servicio de la empresa se debe "a la falta de colaboración de Mina" y al tratamiento y la complejidad de las alegaciones al expediente de cambio de modelo.
La mayoría han sido rechazadas, pero entre las estimadas, tres comportan cambios sustanciales en el expediente. Para evitar similitudes, el nombre de la empresa municipal ya no será "Aigua de Terrassa", sino "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL". Además, el Ayuntamiento renuncia a cobrar el servicio mediante una tasa, como tenía previsto, y finalmente mantendrá el modelo actual de tarifa vía ordenanza municipal. También ha dado marcha atrás en su intención inicial de que los contadores del agua los gestionara el servicio público. Continuarán siendo de los usuarios, en propiedad o alquiler, como ahora.
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Publicat el 12 de març de 2018 a les 20:30
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