El Ayuntamiento de Terrassa presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante la inadmisión, por parte del Tribunal Supremo, del recurso de casación presentado en noviembre de 2017 contra las sentencias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dan la razón a los bancos en su pugna por la cesión de los pisos vacíos. El Supremo dictó en octubre una providencia por la que no admitía a trámite el recurso municipal, lo que ha llevado a la administración egarense a recurrir al Tribunal Constitucional.
Aunque el recuso de amparo difícilmente prosperará, el gobierno municipal defiende que “hay argumentos para recurrir a la máxima instancia judicial española”. La administración local cree que conviene agotar todas las opciones para “conseguir una sentencia favorable que consolide la vía de las multas coercitivas”.
El Ayuntamiento de Terrassa fue uno de los primeros en sancionar a los bancos que se niegan a dar uso a las viviendas que permanecen vacías por un periodo superior a los dos años. En diciembre de 2012 inició su campaña contra lo que entiende como una “utilización anómala”, amparándose en la Llei de l’Habitatge 18/2007. Desde entonces se han abierto 1.176 expedientes, de los que se han archivado 822, mayoritariamente porque ya se les ha dado uso.
