La alcaldesa de Sant Cugat y presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, trasladó a ocho activistas internacionales de los Derechos Humanos su preocupación por "la escalada coercitiva que está utilizando el Estado" para frenar el referéndum. El mensaje lo lanzó durante una recepción el martes en la sede de la corporación de ocho defensores de los Derechos Humanos y reclamó "respeto para todas las personas, tengan la opinión que tengan y se posicionen como se posicionen" en relación al 1-O.
La presidenta de la Diputació lamentó en el encuentro que "muchos alcaldes nos hemos pronunciado a favor del referéndum y, por nuestra expresión política, se nos pide explicaciones ante los juzgados". Según dijo Conesa, que preside el Consell Nacional del PDeCAT, "hoy el reto de los catalanes va más allá de una posición ideológica: es un reto en relación al respeto de los derechos fundamentales".
Derechos políticos
Mercè Conesa, en una atención a los medios previa al encuentro, mostró además "todo el apoyo a los alcaldes y alcaldesas requeridos estos días" e instó a mantener "mucha calma y mucha tranquilidad, porque nadie puede vulnerar los derechos políticos que tenemos reconocidos". En este sentido, invitó a "aquellos que hacen servir la fuerza o la coacción a los medios para limitar derechos políticos a releer la Constitución de 1978, que es la que ellos defienden".
Además de Conesa, en las poblaciones del área de influencia de Terrassa hay cinco alcaldes más imputados por dar su apoyo al referéndum y pendientes de declarar ante el juez. Se trata de Mireia Solsona (Matadepera), Cesca Berenguer (Viladecavalls), Antoni Masana (Vacarisses), Joan Ballbè (Ullastrell) y Marta Roqué (Rellinars). Ninguno de ellos ha recibido aún la citación para prestar declaración.
En la recepción a los activistas que visitarán en los próximos días quince municipios catalanes en el marco del proyecto "Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos", que este año celebra su quinta edición, Conesa también mostró su preocupación por el incumplimiento por parte del Estado del acuerdo de acogida de refugiados, que calificó de "muy grave", y lamentó que "ponga obstáculos a las ciudades comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos".
Hasta el 7 de octubre, los activistas pro Derechos Humanos participarán en una serie de actividades en Barberá, Sant Cugat, Castelldefels, El Prat, Sant Boi, Esplugues, Gavà, Girona, Granollers, Molins de Rei, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Terrassa y Viladecans.
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Publicat el
27 de setembre de 2017 a
les 20:25
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