Un año para un funcionario de Justicia y su cómplice por apropiarse de 43.850 euros

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a un año de prisión a un funcionario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Rubí y a otro año de cárcel a su cómplice por un delito de malversación de fondos públicos, después de que llevasen a cabo un plan para sustraer de la administración de Justicia un total de 43.850 euros.

La sentencia también inhabilita a ambos para ejercer un empleo o cargo público durante dos años y los condena al pago, en concepto de responsabilidad civil, de 30.785 euros a la aseguradora Nacional Suiza de Seguros y Reaseguros.

A los acusados, que reconocieron los hechos y aceptaron una sentencia de conformidad, se les aplicó la atenuante de reparación del daño ya que devolvieron todo el dinero sustraído. Al cómplice además se le aplicó la atenuante de no ostentar un cargo público. De hecho, en su escrito de acusación, inicialmente el fiscal solicitaba cuatros años y medio de cárcel para cada uno de ellos y nueve años de

inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público, aunque luego rebajó su petición a la pena finalmente impuesta por el juez en el fallo.

El funcionario de Justicia condenado sustrajo el dinero emitiendo treinta mandamientos de pago por diversos importes -a cargo de una cuenta de titularidad del juzgado en el que trabajaba- a favor de su compinche, aprovechando su condición de letrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Rubí.

El empleado de los Juzgados de Rubí, sin antecedentes penales, es funcionario de carrera del cuerpo de Gestión Procesal del Ministerio de Justicia desde 1990, actuando en el periodo en el que cometió el delito, entre los meses de julio de 2013 y mayo de 2014, como letrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Rubí.

Así fue como en ese espacio de tiempo, casi un año, el funcionario emitió un total de treinta mandamientos de pago por diversos importes -de 250 euros el más bajo y 2.800 el más alto, de entre un amplio abanico de cifras- a favor de su cómplice, "quien actuaba de acuerdo con el anterior y con el fin común de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito", afirma la sentencia.

El primer mandamiento de pago (750 euros) se emitió el 26 de julio de 2013 y el último, de 2.150 euros, el 19 de febrero de 2014.

De forma indebida
Esos treinta mandamientos de pago fueron realizados a cargo de cantidades ingresadas en las cuentas de Depósitos y Consignaciones abiertas bajo la titularidad del juzgado donde trabajaba el funcionario. Ese dinero estaba destinado a diferentes procedimientos judiciales, en los que el cómplice del funcionario no era parte ni tenía derecho a percibir prestación económica alguna. Esos mandamientos de pago, que fueron en todos los casos cobrados de forma indebida y fraudulenta por el cómplice, ascendieron a un total de 43.850, dinero que fue restituido por los acusados.