Denuncian ayudas de Estado en la tarifa de peajes eléctricos

Una decena de organizaciones empresariales, entre ellas la patronal terrassense Cecot, han interpuesto una denuncia a la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea contra el Gobierno central, al considerar una ayuda de Estado ilegal la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas.

En un comunicado difundido ayer por estas entidades, se señala que "contraviene" el artículo 107 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, y la abogada coordinadora del equipo jurídico que ha elaborado la denuncia, Asun Cirera, quien también gestionó otra igual en Bruselas sobre el almacén de gas Castor, afirma que cumple los requisitos para que se abra una investigación.

En este sentido, detallan cinco aspectos: tiene origen en el Estado, supone una ventaja, es selectiva, afecta a la competencia y a los intercambios entre estados miembros, y no tiene que ser compatible con el mercado único.

Según precisaron estas organizaciones empresariales, "desde hace años existe una discriminación territorial" en los costes de electricidad por la estructura tarifaria de los peajes de acceso a la red eléctrica y que los diferentes ejecutivos no han corregido, y con la reforma, firmada entre PP y PNV para la aprobación de los presupuestos de 2017, se agrava esta desigualdad existente.

La situación actual, agravada con dicha reforma, comporta una notable disminución del coste de adquisición de la electricidad para empresas ubicadas en determinadas regiones del Estado español y, por consiguiente, los efectos de la medida son, a criterio de las organizaciones empresariales, selectivos territorialmente y pueden constituir una ayuda de Estado en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario.

La modificación
En el comunicado, detallan que esta modificación consiste en suprimir la tarifa 6.1B para englobar las tensiones de 30 a 36 kilovatios a la tarifa 6.2 y esto "comporta una notable disminución del coste de adquisición" de la electricidad para compañías ubicadas en determinadas zonas del Estado español, sobre todo del País Vasco, según datos de la plataforma kV25/30, perjudicando a 3.277 de las 4.450 que hay en Catalunya, además de otras de Aragón y Extremadura.

"Como resultado de esta decisión política tenemos hoy una estructura tarifaria de peajes que beneficia a las empresas conectadas con tensiones de 30kV a 36kV (sobre todo del País Vasco) por encima de otros territorios conectados con tensiones de 1kV a 30kV (como Catalunya, Aragón y Extremadura), sin que haya causa económica ni técnica para ello", se afirma en el comunicado difundido ayer.

La decena de empresas que firman el citado documento de denuncia aseguran que tanto esta reforma como la anterior, que establecía por ley un nuevo rango tarifario para tensiones de entre 30 y 36 kilovatios, "es una decisión puramente política" y que no había criterio técnico para avalar estar distinción entre tensiones de entre 1 kilovatio a 30 y de 30 a 36. Las empresas denunciantes, que representan los intereses de más de 50.000 firmas, de las cuales 500 son usuarias de la electricidad, son la Associació d'Empreses i Propietaris de Can Roqueta (AEPCRO), la patronal Cecot, Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC), Centre Metal·lúrgic, Confederació Catalana de la Fusta, Federació Empresarial del Metall, Gremi de Tallers de Reparació i Venda d'Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, l'Institut Industrial Tèxtil, RETAILcat-Unió d'empreses del Retail a Catalunya y la Unió Empresarial Metal·lúgica.