La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha sorprendido desde el primer día y seguirá sorprendiendo hasta el último, quizá ya próximo. Tiene algunas ideas claras y distintas, sobre la educación como competencia esencial del Estado y accidental de las familias. Lo afirmaba en el Congreso de Escuelas Católicas diciendo: "De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza", porque según ella no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución.
Y ella lo ha dicho con una lamentable falta de empatía ante 2000 asistentes, que no parecen partidarios de Gramsi ni de Iglesias. Quizá tengan razón quienes la consideran como una mujer de apariencia frágil pero con corazón de acero.
De nuevo habrá que recordar a la ilustre ministra que el apartado 3 del Artículo 27 de la Constitución no es poesía ni realidad virtual: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Aún más importante, si cabe, es que la "libertad de enseñanza religiosa" es parte de la libertad religiosa" -uno de los derechos humanos fundamentales-, que estaría incluso por encima de la Constitución de un país concreto.
La realitat no té res a veure, doncs, amb els excessos i demagògies d'un ecologisme radical cada vegada més apocalíptic, que evoca els vells temps del creixement zero preconitzat pel Club de Roma.
És cert que no serà fàcil la concòrdia entre civilització i natura, conservació i progrés, tradició i futur. Però cal sempre l'esperança que, des de l'ecologia, es recuperi -sense enyorar el paradís perdut- la força de la llei natural que va llançar l'estoïcisme grec i va assumir amb llums noves el cristianisme.
Es necessiten liders de veritat ; ens diu fa poc a La Vanguardia Duran i Lleida.
Ja els tenim; estan a les presons.
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16 de desembre de 2019