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Opinió

Ante las propuestas de pensiones del Pacto de Toledo

Las 21 propuestas presentadas por la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo al Pleno del Congreso de los Diputados para intentar reformar las pensiones en un nuevo escenario después de las dos reformas aprobadas en plena crisis económica del 2008-2019, ha abierto un debate en el seno de los movimientos de pensionistas que se debería resituar en su justa medida después de 34 meses de lucha ininterrumpida por todo el Estado Español.

En el 2011 se promovieron modificaciones profundas en la Reforma de las Pensiones con la Ley 27/2011 de 1 de Agosto, entre el gobierno de JL.R. Zapatero y los sindicatos UGT y CCOO. Esa reforma abría las puertas a una revalorización regresiva de las pensiones

En el 2013, M. Rajoy, ampliaba la reforma con la Ley 5/2013 de 5 de Marzo inventándose dos factores a aplicar, el factor de revalorización (incremento fijo del 0,25%anual) y el de sostenibilidad (penalización de la longevidad en la esperanza de vida).

El 4 de Abril del 2019 el Parlamento Europeo aprobaba el PEPP (Plan Europeo de Pensiones Privadas). Así se completaba el proyecto de desmantelamiento de las pensiones públicas en España.

Nada de esto se ha derogado con las 21 propuestas. Señalaré las 8 más importantes que se conocen públicamente:

– Revalorización según el IPC real. Será según los datos del IPC estatal.

– Incremento edad de jubilación. Será lo previsto en la Reforma del 2011. En el 2027 se alcanzará la jubilación a los 67 años.

– Período del cálculo. Ahora son 23 años, fruto de la Reforma del 2011, y en 2022 serán 25 años, pero no dicen que antes del 2011 eran 15 años. Este concepto está teniendo ya una repercusión regresiva en el importe de las pensiones.

– Pensiones de viudedad. Se incrementará vinculada a la renta de los hogares.

– Cotizaciones de los autónomos. Será por sus ingresos reales.

– Ahorro complementario. Se quiere imponer los planes de ahorro complementario, o lo que es lo mismo, los Planes de Pensiones Privadas Colectivas de Empresa, sujetos a la negociación colectiva y por lo tanto con la complicidad de los sindicatos UGT y CCOO. La aparición de estas alternativas de ahorro tienen el fin de desviar esa parte de la riqueza colectiva hacia los mercados financieros, sin importarle la precariedad y el riesgo que supone para el trabajador descargar parte de los costes de las pensiones de las arcas del Estado a esos “buitres” especuladores del mercado financiero.

Estímulo a las pensiones privadas de las empresas. Los pensionistas hemos luchado contra las desgravaciones fiscales de las pensiones privadas y ahora la rebajan para las pensiones individuales privadas, pero las aplican en los planes de pensiones colectivas de empresa. Esto supone un apoyo enorme al sistema financiero. Esto es un golpe bajo enormemente grave, se va a hacer a través de los convenios, y eso quiere decir que los sindicatos son responsables en parte de lo que pasa, siendo cómplices en la privatización de las pensiones. eso es lo que quiere los poderes fácticos políticos y económicos europeos. Las plantean como complementarias a las públicas. Hay que impedir que las entidades financieras metan mano en los fondos de la Seguridad Social por la privatización de las pensiones. Estos ingresos públicos en los PGE suponen el 40% del total de ingresos del Estado.

– Eliminar el déficit de la Seguridad Social. Lo que se propone es que las cotizaciones sociales se destinen exclusivamente a financiar prestaciones contributivas. Todos los partidos están de acuerdo en liberar a la Seguridad Social de gastos impropios (no contributivos) del sistema. Seguridad Social cerca de 23.000 millones de euros, que deberían conseguirse de otro modo.

Los Pactos de Toledo durante 25 años de aportaciones efectuadas por los nueve millones de pensionistas contributivos y 18 millones de trabajadores que están contribuyendo a su derecho a la pensión ha ignorado el saqueo perpetrado por el Estado, que siempre fue su punto de desencuentro sobre el Pacto de Toledo, en lugar de reponer, compensar o pagar, se dice que en el 2023 se habrá regularizado.

El asunto es grave, y no sólo por los miles de millones desviados, sino por el mensaje que se ha ido creando, en base al saqueo de la seguridad social, la MENTIRA sobre la no sostenibilidad de las pensiones. Se ha ido creando un “mantra” público amplificada por los medios de comunicación sobre la insostenabilidad del sistema, ha creado una corriente de opinión en base a una gran mentira. Ha servido para justificar recortes en las pensiones, creando miedo entre la ciudadanía y alimentando a los grupos financieros con el incremento de las pensiones privadas.

La caja de la seguridad social es salario en diferido de los trabajadores, ya sean asalariados o autónomos, no es dinero de ningún gobierno. En las propias recomendaciones del Pacto, hace 25 años, se instaba en la ley a que se tomasen medidas para canalizar la separación de fuentes entre sistema contributivo y no contributivo, y especificaba la ley “en el menor plazo posible”. También especificaba, que se debían hacer aportaciones del estado, no “prestamos”, 25 años después los préstamos y el endeudamiento fraudulento continúa.

Los gastos impropios suponen unos 23.000 millones/año que ha pagado la caja de la seguridad social, y el déficit estimado de la S.S. es de 17.000 millones/año, resulta que en el peor de los casos realmente hay superavit. Si no se hubieran utilizado estos dineros de la caja de la S.S. hoy tendríamos una reserva de 519.104 millones, que serían suficientes para absorber el incremento del gasto de las pensiones contributivas de cada año durante 30 años o más.

Hay que impedir que las entidades financieras metan mano en los fondos de la Seguridad Social por la privatización de las pensiones. Estos ingresos de los PGE suponen el 40% del total de ingresos del Estado.

No hay voluntad de reponer el saqueo de años de los fondos de la seguridad social, que algunas valoraciones estimadas desde 1963 a nuestros días, señalan en un billón de Euros el valor saqueado. Hay que seguir insistiendo en un único sistema de pensiones, no hay que permitir la dualidad del sistema de reparto con el sistema de capitalización.

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