La Guardia Civil registra domicilios en Terrassa de la presunta trama corrupta de Adif

En los registros que la Guardia Civil realizó ayer en sedes de constructoras, domicilios y despachos profesionales en busca de dinero en efectivo y pruebas de regalos o viajes pagados por la presunta trama corrupta para que se les permitiera inflar el coste de las obras de la estación de La Sagrera en Barcelona, también se registraron domicilios de algunos de los investigados en Terrassa, Cubelles y Barcelona, así como en la capital española y en San Lorenzo del Escorial (Madrid)
Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, en la operación desplegada han sido detenidos catorce supuestos miembros de la red -acusada de inflar facturas hasta generar un sobrecoste de 80 millones en tres obras del AVE cercanas a la estación- y se han practicado una quincena de registros.
Entre estos registros, figura el de las oficinas de Adif en La Sagrera y la Estación de Francia de Barcelona, así como las dependencias de las UTE adjudicatarias de las obras investigadas, según las mismas fuentes.
La titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, que dirige la operación a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, investiga a los presuntos miembros de la trama corrupta por los delitos de malversación de caudales, falsedad documental y prevaricación.
Además, la juez está investigando si los responsables de validar las obras infladas por la trama pudieron haber recibido sobornos a cambio de permitir los sobrecostes, por lo que se les podría acusar también de un delito de cohecho.
Por ese motivo, la magistrada ha ordenado a la Guardia Civil que en sus entradas y registros busquen dinero en efectivo, todo tipo de dádivas y evidencias de viajes que puedan haber sido pagados por la trama supuestamente corrupta para que los funcionarios públicos dieran por buenas sus certificaciones de obra.
La juez también ha indicado a los agentes que intervengan todo tipo de documentación relacionada con la causa y hagan copias de la información de teléfonos móviles y soportes informáticos, además de los correos electrónicos particulares o personales de los investigados, según las fuentes consultadas por Efe.
La magistrada ha ordenado además que algunas de las empresas adjudicatarias de las obras investigadas, entre ellas Acciona, Dragados o Fomento de Construcciones y Contratas, faciliten los correos corporativos y las carpetas profesionales de algunos de los directores técnicos vinculados a los proyectos supuestamente inflados.