Diez años de litigio frente al sector

Terrassa puso en marcha la primera tasa a las operadoras de telefonía móvil por el uso del espacio público local en 2006. A partir de ese momento, empezó a girar anualmente los recibos a Movistar, Vodafone, Orange y, en menor medida, a Yoigo. Pero con la misma inmediatez, las operadoras impugnaron el impuesto en los tribunales.

La batalla judicial ha provocado que apenas se hayan podido cobrar algunos recibos. Las sentencias de 2012 dieron por finiquitada esta vía, que suponía cobrar un gravamen del 1,5% de los ingresos brutos obtenidos en cada municipio.

Sin embargo, el equipo de gobierno y los técnicos no se quedaron de brazos cruzados y diseñaron una nueva tasa, que entró en vigor el año pasado. Este tributo no tenía en cuenta los beneficios de las empresas, sino los metros lineales de canalizaciones que tienen que tender en la ciudad para poder prestar los servicios móviles. Además, esta tasa ya no gravaba a las comercializadoras, sino sólo a las propietarias de la red fija.

El nuevo canon nunca ha llegado a aplicarse porque Vodafone lo impugnó. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acabado dándole la razón a la empresa este mismo año, pero el Ayuntamiento ha recurrido la decisión. Apenas unas semanas después de esta resolución, en mayo de este año, ha salido la sentencia del Tribunal Supremo que avala la ordenanza de Madrid, muy parecida a la de Terrassa, explican desde Gestión Tributaria.

Con este antecedente, que crea jurisprudencia, el Ayuntamiento está preparando ya el recurso de apelación ante el Supremo para conseguir convalidad el tributo egarense.