La deuda cae por debajo del 75% y acaba la tutela financiera

El Ayuntamiento logrará en breve situar la deuda municipal por debajo del 75% de sus ingresos, lo que supone alcanzar su objetivo dos años antes de lo previsto (la idea era conseguirlo en 2019, al cerrar el mandato) y acabar con la tutela financiera a la que estaba sometido al superar esta ratio en 2015.

En el próximo pleno, salvo imprevistos, se aprobará destinar 1,2 millones de euros procedentes de los ahorros en la licitación de las inversiones financieramente sostenibles (IFS) a enjugar parte de la deuda. Esto situará en 154,5 millones los préstamos en vigor, lo que rebaja la ratio de endeudamiento hasta el 74,84%. Al finalizar 2017, la previsión es que la deuda sea de 149 millones, al 73%.

El teniente de alcalde Alfredo Vega remarca que es una "gran noticia" ya que permite al Consistorio "quedar fuera de la tutela financiera" de la Generalitat a la que estaba sometido desde que en 2015 la ratio de endeudamiento alcanzase el 91,87%. No sólo se libra el Ayuntamiento de pedir autorización cada vez que quiera solicitar un préstamo, sino que podría beneficiarle en caso de que el Gobierno acepte flexibilizar los criterios de aplicación del superávit, tal y como exigen los ayuntamientos.

El destino del superávit
Vega espera que del grupo de trabajo constituido entre la Federación Española de Municipios y el Ministerio de Hacienda salga el permiso del Gobierno para que, como mínimo, los ayuntamientos solventes, al día en sus pagos y que tengan una ratio de endeudamiento por debajo del 75% "no tengamos tantas limitaciones a la hora de destinar los remanentes". En este momento, el superávit sólo puede ir a parar a enjugar deuda y a las llamadas inversiones financieramente sostenibles (IFS), que están muy pautadas.

Vega espera poder aplicar los ahorros conseguidos en inversiones, en ámbitos como la mejora del espacio público, y en políticas sociales: "Queremos devolver este dinero a los ciudadanos en forma de mejores servicios e inversiones". Si no cambian las normas, la gran parte del superávit "no irá adonde la ciudad necesita", sino que se destinará a reducir deuda y al limitado tipo de inversiones permitidas por el Gobierno.