El Constitucional multó ayer con 12.000 euros diarios al número 2 de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y a los miembros territoriales de la Sindicatura Electoral encargados del seguimiento del 1-O. El tribunal aplica así por primera vez la reforma legislativa que le permite, además de condenar, imponer sanciones a altos cargos independentistas.
Las multas sancionan con 12.000 euros diarios a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral central, además de a Jové; además castigan con 6.000 euros diarios a Montserrat Vidal i Roca, jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat, y a los quince síndicos territoriales, entre ellos el síndico electoral de Barcelona, el abogado egarense Roc Fuentes.
Las sanciones son provisionales, persiguen imponer el cumplimiento de la sentencias del TC y se mantendrán diariamente en tanto los afectados no las acaten.
La decisión del pleno del alto tribunal ha sido adoptada por unanimidad tras un largo debate que ayer terminó por sumar a la decisión mayoritaria, aunque con votos diferenciados concurrentes, a tres magistrados progresistas.
Así, por primera vez, el alto tribunal aplica la reforma de la ley orgánica que regula su funcionamiento y que le dota de la posibilidad de imponer sanciones para obligar a que se cumplan sus fallos.
Los magistrados se habían mostrado hasta ahora remisos a asumir un papel sancionador. En especial los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés Dal-Ré, quienes votaron en contra de la reforma. La excepcionalidad de la situación parece haberles llevado a modificar su postura.
ARA A PORTADA
Publicat el
21 de setembre de 2017 a
les 19:18
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