Piden de 10 a 19 años de prisión para los presuntos yihadistas

La fiscal pidió ayer penas que van de los diez a los diecinueve años de prisión para los diez acusados de integrar una célula yihadista ubicada en Terrassa y que fue desmantelada en el 2015. Acusa a los procesados de planear atentados en lugares emblemáticos como el Parlament y de plantearse el secuestro y decapitación de una persona.

La Audiencia Nacional reanudó ayer el juicio con el trámite de conclusiones definitivas de las partes. La fiscal mantuvo la petición de diecinueve años para los tres principales acusados y solicitó diez para el resto. Para cuatro de ellos reclamaba en principio siete años, pero elevó la pena a imponer. Según la Fiscalía, la célula se creó a principios de 2014 y se denominó "Fraternidad islámica. Grupo para la predicación de la yihad". La fiscal Dolores Delgado consideró probado que los Mossos d'Esquadra precipitaron las detenciones "ante la inminencia de una acción yihadista consistente en el secuestro de una persona sobre la que se habían realizado vigilancias y seguimientos". Tras vestirla de naranja "emulando a los rehenes del Daesh" se procedería a su decapitación para divulgar el crimen "a través de los canales de internet como Youtube".

El Ministerio Público destacó que la célula quería cometer acciones en España y financiarse secuestrando a la directora de un banco, y que intentó fabricar artefactos explosivos con pólvora blanca. Reclamó diecinueve años de cárcel para el presunto líder de la célula, uno de los cuatro españoles conversos al Islam que están acusados, así como para sus dos presuntos máximos colaboradores, dos marroquíes.

El infiltrado
Además, pidió diez años de prisión para el resto de acusados. La fiscal recordó que un presunto miembro del grupo viajó desde Barcelona a Irak y que allí falleció. Después, tres encausados fueron detenidos en Bulgaria cuando iban a Siria. Dolores Delgado subrayó la "intensidad" del testimonio del agente de los mossos infiltrado en la célula, que grabó algunas conversaciones de reuniones en las que participaba con los acusados y que corroboró lo que los agentes del mismo cuerpo iban descubriendo en sus seguimientos.

La fiscal rebatió la teoría de la conspiración alegada por las defensas relativa a que la operación de los mossos buscaba anular las redes de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil. En este sentido, recordó que agentes de los distintos cuerpos coincidieron en los mismos lugares en sus investigaciones y que aquellas coincidencias se solventaron con una labor de coordinación. La acusación recalcó que una persona que dejó el grupo declaró como testigo protegido: afirmó que los miembros de la célula querían cometer atentados y él decidió desvelarlo.