TeC interpela a Vega a que pida la derogación de la Ley Montoro

El pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado mes de octubre una propuesta para pedir al Gobierno que derogue la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), más conocida como Ley Montoro. La petición no es baladí. Esta ley, aprobada en 2013 por el gobierno de los populares, condicionaba a los ayuntamientos en el tema del superávit, un hecho que levantó críticas, especialmente desde la izquierda, porque consideraban que era un ataque a la autonomía municipal.

El grupo municipal de Terrassa en Comú (TeC), con el cambio de Gobierno que ahora es socialista, ha recuperado esa propuesta y la presentará en el pleno de este mes. El concejal de la formación, Xavier Martínez, argumentó que el objetivo es “interpelar al alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, para que insista porque entendemos que es urgente y que no se puede esperar más”. Martínez se mostró confiando en que “Vega mantenga la postura que tuvo con el gobierno del PP” y consideró que “ahora es el momento oportuno para que el presidente Pedro Sánchez muestre con hechos el cambio de rumbo que quiere darle a su gobierno”. Y, en este sentido, agregó que “nuestro deseo es que Vega haga el paso y presione a Sánchez de igual modo que cuando había Rajoy”.

Durante el acto, el concejal de la TeC dio algunos ejemplos de cómo ha repercutido el superávit municipal de los dos últimos ejercicios. Así, según explicó, el de 2016 fue de 15,3 millones de euros, de los que diez se dedicaron a amortizar la deuda y cinco a inversiones y el de 2017 fue de 12,1 millones, de los que 1,5 se destinaron a pagar la deuda y 10,6 a inversiones.

El concejal señaló que “deberíamos hacer todo lo posible para que el superávit de 2018 pueda ser objeto de decisión del Ayuntamiento y acabar con esta ley que es injusta y es un ataque a la autonomía”. Al respecto citó que el objetivo sería que este remanente fuera para comprar vivienda de alquiler social, ampliar al cien por cien las becas de comedor o ayudar al pago de suministros domésticos o a políticas de género”.