La policía simuló un robo en un coche para descubrir un alijo

Tanto el fiscal como los acusados recurrieron la sentencia de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo. Una de las defensas consideró irregulares las inspecciones de dos vehículos, uno de ellos estacionado en Terrassa. Los policías que controlaban a los imputados rompieron una ventanilla para simular un robo con fuerza en el automóvil y justificar así su transporte a dependencias policiales, evitando sospechas de los acusados.

Esa alegación, según el Tribunal Supremo, no es motivo para invalidar la prueba. La argucia de los investigadores es lógica "si no se quería frustrar toda la investigación" y no comporta violación de derecho fundamental por cuanto había autorización judicial y un letrado de Justicia estaba presente en la diligencia. Además, para inspeccionar un vehículo en unas pesquisas sobre supuestos delitos no hace falta permiso judicial, por lo que realmente en este caso se puede hablar incluso de "sobregarantía". Otras motivaciones cuestionaban la legitimidad de las intervenciones telefónicas, pero los magistrados desestiman también ese planteamiento porque los indicios de narcotráfico eran muchos y sólidos: múltiples vigilancias, indagaciones económicas.

Tira la carga
Durante la investigación ocurrió otro episodio curioso. Un miembro del grupo se deshizo en Subirats de la carga que transportaba al saber de un control policial. Los mossos la localizaron: diez fardos, con 336 kilos de hachís. Otro miembro del grupo fue después a recuperar la sustancia, pero el hachís estaba en manos de la policía.

El fiscal reclamó condenas por organización criminal, pues la primera sentencia entendía que el entramado delictivo no era lo suficientemente consistente como para integrar una "organización". El Supremo da la razón a la Fiscalía: el jefe es condenado por narcotráfico y por ser responsable de organización, y al resto de acusados también se les castiga por integración en organización o grupo criminal. Las penas son corregidas al alza: diez años de cárcel para el jefe y cinco años para el resto de procesados.