ARA A PORTADA
Publicat el 06 d’abril de 2019 a les 04:00
El caso de Pape Lamine Ndiaye muestra la disparidad de criterio que impera en la Justicia en torno a los desahucios abiertos. Este senegalés de 40 años vive en el piso propiedad de su hermano, que hace tiempo regresó a su país al perder el empleo. Hasta 2015, la hipoteca la pagaron unos inquilinos y cuando dejaron de hacerlo, "no tenía recursos para hacer frente, estaba sin trabajo". En 2017 la PAH paró un primer desahucio. Para entonces, Pape ya tenía poderes de su hermano y abogado de oficio. Dos años después, el pasado 11 de febrero, "me notificaron el desahucio abierto, del 23 al 31 de abril. Tuve que convencer a mi abogado de que no era legal y al final presentamos recurso ante el juzgado número 7 de Terrassa". El juez ha aceptado la suspensión y ha señalado un lanzamiento con fecha fija: el 30 de abril. "Aun así no voy a marcharme", explica Pape. "Estoy trabajando, pido un alquiler social y me lo niegan porque el piso no es mío. Pero eso no me priva del derecho a una vivienda digna".
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