Un juez obliga al Consistorio a devolver una fianza de 29 mil euros

El Ayuntamiento de Rellinars tiene que devolver a la constructora que ejecutó las obras de urbanización del sector de la Ronda del Bosc la fianza de casi 29 mil euros que le confiscó justo antes de llevarla a los tribunales al entender que los trabajos no se desarrollaron correctamente. Así lo dicta una sentencia del Contencioso tras perder el Ayuntamiento el juicio, por lo que ahora está obligado a devolver a la constructora la fianza que le retuvo. La ejecución del fallo se aprobó en el último pleno con los votos del gobierno local (ERC y una concejal no adscrita) e ICV, mientras que el PDECat votó en contra.

En su recurso, presentado en 2013, tres años después de que finalizasen las obras, el Ayuntamiento, entonces gobernado por la extinta CiU, solicitaba a la constructora 346 mil euros en concepto de daños y perjuicios.

Lo curioso del caso es que las obras se ejecutaron entre 2009 y 2010, con ERC al frente del equipo de gobierno. El ejecutivo de entonces dio por buenos los trabajos y los recepcionó sin poner pegas, argumento al que siempre se agarró la constructora para no atender las quejas que llegaron luego, cuando en 2012 la extinta CiU volvió a gobernar y decidió denunciar a la empresa tras no llegar a un entendimiento.

La historia se remonta a 2007, cuando el Consistorio, entonces gobernado por CiU, aprobó un proyecto para urbanizar la Ronda del Bosc por un importe de 737 mil euros más IVA. Tras varias modificaciones posteriores de precios, subió hasta los 890 mil euros.

Informes
En febrero de 2009, ahora con ERC al frente del Ayuntamiento, se acordó adjudicar los trabajos a Excover. La empresa había presentado una oferta de 578 mil euros más IVA, lo que fue considerado por los técnicos que analizaron la documentación a posteriori como una "baja temeraria". Pero al final le fue adjudicada la obra por ese importe y un plazo de ejecución de doce meses.

Tres años después, en 2013, el sector de la Ronda del Bosc seguía contando con innumerables deficiencias, según explicó en ese momento el entonces equipo de gobierno de CiU, el cual basaba sus acusaciones en informes elaborados por técnicos de la casa y de la Diputació. Esos informes, además de señalar irregularidades, defendían que los trabajos no se habían desarrollado como constaba en el proyecto inicial.

Con esa documentación se inició un expediente informativo contra la empresa constructora, a la que se le requisó la fianza de casi 29 mil euros y se le reclamó una indemnización por daños y perjuicios de 346 mil euros. La falta de entendimiento entre ambas partes fue lo que empujó al Consistorio a los tribunales, que ahora han resuelto en su contra.