Tres años de cárcel para Bustos por anular multas

La Audiencia de Barcelona ha condenado a tres años de cárcel al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC) por ordenar a la Policía Local que retirara sendas multas de tráfico que había impuesto a su esposa e hijos en 2012, cuando gobernaba el municipio. En su sentencia, la sección décima de la Audiencia de Barcelona condena a Bustos por dos delitos de tráfico de influencias y le impone 16 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 400 euros.

Ésta es la segunda condena que acumula Bustos por la investigación del "caso Mercurio" sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Sabadell, después de la que le impuso en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, junto al exnúmero dos del PSC Daniel Fernández, por usar su influencia sobre una alcaldesa socialista para que empleara a una exalto cargo del tripartito.

Las gestiones del exalcalde socialista para que se saldaran las multas a su familia se destaparon en las intervenciones telefónicas que acordó un juez de instrucción de Sabadell, a raíz de las sospechas de presunta corrupción de empresarios y concejales del Consistorio.

En su sentencia, el tribunal condena además a 15 meses y un día de cárcel y a 11 años y medio de inhabilitación para cargo público a Josep Miquel D., el exintendente de la Policía Local que anuló las multas, por tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Delito agravado
Por contra, absuelve a Xavier I., excoordinador de Espacio Público, del delito de malversación del que se le acusaba, al no haberse podido probar que pagara una de las multas con dinero público, como el procesado declaró a Bustos en una conversación telefónica intervenida.

La sala ha impuesto a Bustos la condena por tráfico de influencias en su mitad superior, al considerar el delito agravado, puesto que el exalcalde "consiguió el propósito buscado", que era que se anularan las multas a sus familiares.

Para el tribunal, la conducta de Bustos "supone un menoscabo para el interés general, atacando la objetividad e imparcialidad de la función pública", cuando como alcalde tenía "una obligación mayor de proteger el interés público".

Según cree probado la Audiencia Provincial, en marzo de 2012 el exalcalde intervino para que la Policía Local retirase una multa de 200 euros impuesta a su esposa por estacionar en una parada de transporte público. En otra ocasión, en junio de 2012, la grúa municipal se llevó el vehículo de la exesposa de Bustos que sus dos hijos habían dejado estacionado en una zona de carga y descarga debidamente señalizada, por lo que se les impuso una multa de 200 euros.