El juzgado 13 procesa a 30 cargos y exculpa a Carles Viver Pi i Sunyer

La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona procesó ayer a treinta personas, entre ellas varios exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont, por los preparativos del referéndum del 1-O. La causa, abierta en febrero de 2017 y que llegó a tener a más de cuarenta imputados, propició las detenciones y registros del 20S en varios puntos de Cataluña, entre ellos la consellería de Economía, y ha servido para suministrar informes de la Guardia Civil sobre los preparativos del 1-O al Tribunal Supremo.

La magistrada aprecia indicios para procesar a la mayoría de los investigados por delitos de malversación, desobediencia, prevaricación y falsedad documental, pero deja fuera de la causa a 15 de ellos. Entre los exculpados figuran el exmagistrado y exsenador Santi Vidal, que fue el origen de la causa, y el jurista egarense Carles Viver Pi i Sunyer, exmagistrado del Tribunal Constitucional y expresidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN).

La juez imputa a quince ex cargos del Govern de Carles Puigdemont. Uno de ellos es el también egarense Aleix Villatoro, exsecretario general de Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Villatoro es el único de los procesados al que la juez le imputa los cuatro delitos: malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación.

Junto a el, han sido incriminados Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, David Palanques, David Franco, Francesc Sutrias, Amadeu Altafaj, Albert Royo, Natàlia Garriga, Xavier Puig, Rosa Maria Rodríguez, Josuè Sallent i Rosa Vidal. La magistrada concluye que juntos acordaron una "linea estratégica para poder asumir el compromiso inequívoco de conseguir la independencia y poder celebrar el referéndum" pese a las suspensiones del Constitucional.

La resolución del juzgado 13 establece una fianza de responsabilidad civil solidaria de 5,8 millones de euros para los 17 procesados, igual a la cifra que la magistrada estima que malversaron para organizar el 1-O, y que deberán afrontar conjuntamente. Si no se recurre la interlocutoria, tienen un día para hacerla efectiva antes de que se les embarguen los bienes.