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Comarca

La vigilancia privada por los robos, en vigor

El Ayuntamiento de Matadepera ha puesto en marcha esta semana un servicio de vigilancia privada que servirá de complemento a la labor que realiza la Policía Municipal y los Mossos d’Esquadra para luchar contra los robos en viviendas en el municipio. El servicio consta de un par de vehículos de la empresa de seguridad Plana Fàbrega, con un vigilante en cada uno de ellos, que patrullan por todo el término municipal los siete días de la semana y que están en contacto permanente con la Policía Local. Este servicio, pionero en la comarca, se ha habilitado tras obtener el Consistorio, gobernado por el PDeCAT, un permiso excepcional de la conselleria de Interior por un año.

En principio, el servicio de seguridad privada se ha contratado por un periodo de tres meses, con un coste de 15 mil euros (al tratarse de un contrato menor no ha sido necesario concurso público). En paralelo, la concejalía de Gobernación está redactando el pliego de cláusulas para sacar a concurso la contratación de nueva vigilancia privada una vez que finalice la actual. En este caso, será por espacio de nueve meses (contrato mayor), hasta completar el permiso de un año otorgado por la Generalitat.

En cualquier caso, será el próximo equipo de gobierno que surja de las elecciones municipales del 26 de mayo el que decida si tira adelante el concurso público. Al respecto, la concejal de Gobernación, Montse Royes, que no repite en las listas del PDeCAT (Junts per Matadepera), afirmó ayer que si vuelve a gobernar su formación y “hace una política continuista” el servicio está garantizado, mientras que si lo hace otro partido “la decisión será suya”. También desveló la concejal que de unas semanas a esta parte la situación respecto a los robos en viviendas “está bastante tranquila”.

“Me voy con los deberes hechos y satisfecha”, afirmó ayer Royes tras haber cerrado el tema de la seguridad privada. Una medida a la que se han sumado otras como la limpieza de torrentes (para facilitar la localización de los cacos en su huida), con un coste de 50 mil euros; la puesta en marcha de una app para dar aviso a la Policía Local de posibles robos o la futura contratación de dos nuevos agentes.

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